Esta modificación obligaría a la institución a destinar dichos recursos, afectando áreas esenciales como la formación académica y el mantenimiento de infraestructura, entre otras, en un contexto de crecientes déficits presupuestales en las universidades públicas del país.
La Universidad Surcolombiana advirtió al Concejo de Neiva los efectos negativos que tendría en las finanzas de la institución de educación superior si se llega a aprobar el proyecto de acuerdo que busca modificar el Estatuto Tributario de Neiva, y que actualmente está en trámite en esa corporación.
La reforma, contemplada en el Proyecto de Acuerdo No. 021 de 2024, eliminaría la exoneración del Impuesto Predial que la Universidad y otras entidades públicas como el Hospital Universitario y hasta el cementerio, han disfrutado desde 2018. Incluso la exoneración ha existido hacia la universidad desde anteriores gobiernos.
En ese sentido, la modificación que plantea la Administración Municipal, obligaría a la USCO a destinar aproximadamente 450 millones de pesos anuales al pago del eventual gravamen; gasto que se sumaría a un contexto donde las universidades públicas enfrentan déficits presupuestales debido a que sus recursos para funcionamiento han crecido mucho más allá del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como lo establece la Ley 30 de Educación Superior.
Durante la mesa de socialización realizada este martes, con la participación de distintos gremios y sectores, incluyendo la Universidad Surcolombiana, Cotelco, Asocooph, Cámara de Comercio del Huila y CovolHuila, se discutieron los posibles impactos del Proyecto de Acuerdo mencionado.
Juan Sebastián Reyes Camacho, miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana, llamó la atención sobre que los 450 millones de pesos que la Universidad tendría que destinar al Impuesto Predial actualmente se utilizan para áreas esenciales como la formación académica, el funcionamiento operativo y el mantenimiento de la infraestructura.
“Serían 450 millones que le quitaríamos al restaurante de la Universidad Surcolombiana, que le quitaríamos a los docentes, al mantenimiento de la infraestructura física”, dijo al subrayar el impacto negativo que esta modificación tendría en la calidad de la educación y en el bienestar de la comunidad universitaria.
Hizo un llamado al Concejo de Neiva a considerar no solo la legalidad de la modificación propuesta, sino, también, su conveniencia social y económica para la ciudad y la región.
“Invito a que hagamos ese test: ¿Preferimos mejorar la salud financiera o el Presupuesto del Municipio a costa de dañar el presupuesto del principal ente de educación superior de la región, no solo de Neiva?”, cuestionó, instando a los concejales a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de la medida.
Carlos Alberto Álvarez Ortiz, jefe de la Unidad de Contabilidad de la Universidad Surcolombiana, enfatizó que la institución, como entidad de educación superior pública, está exenta de diversos impuestos a nivel nacional, incluyendo el impuesto sobre la renta y el IVA.
“La ley nos ampara”, afirmó Álvarez Ortiz, y recordó que municipios como Palermo y Yaguará, donde la Universidad también tiene presencia, han declarado exentas a sus propiedades del impuesto predial. Esta exoneración, según el funcionario, es fundamental para el autofinanciamiento de la Universidad, permitiéndole reinvertir en su operación y desarrollo.
El concejal Juan Sebastián Camacho informó que la propuesta de modificación del Estatuto Tributario está en fase de socialización y que se ha dado espacio para escuchar a la Universidad Surcolombiana, así como a otros sectores afectados.
“Se abrió el espacio para escuchar a la Universidad Surcolombiana para que le informe a la corporación pública y a la administración municipal ese estado financiero en el que se encuentra la Universidad y cuáles van a ser sus pros y sus contras si se llegase a gravar a la Universidad Surcolombiana”, señaló, subrayando la importancia de un diálogo abierto y constructivo en este proceso.
