En Neiva existe una política pública LGBTI que busca garantizar una vida plena, libre de violencia y de discriminación para las personas que se reconocen como población sexualmente diversa en el municipio. Sin embargo, este proyecto político se encuentra mediado por intereses y voluntades particulares a nivel administrativo. Esto ha ocasionado que su implementación, hasta el día de hoy, sea deficiente y, por ende, se vea agudizado el panorama de violencia y precariedad.
Por: Nórida Andrade Ortiz
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo
La política pública para la promoción, garantía plena y goce efectivo de los derechos de las personas que pertenecen a los sectores sociales denominados LGBTI, y personas con orientaciones sexuales e identidades de genero diversas en el municipio de Neiva, se establece desde el Concejo Municipal a un periodo de implementación que corresponde con los años enmarcados entre 2019 y 2031, y se adopta tras el acuerdo NÚMERO 013 de 2019. Se trata de una apuesta gestada desde diferentes procesos organizacionales y representaciones en la ciudad, que pretende construir y fortalecer un panorama regional óptimo en cuanto a garantías de vida digna para la población sexualmente diversa.
La política pública se fundamenta en los artículos 1, 13, 16 y 70 de la Constitución Política, los cuales aluden a la dignidad humana, la igualdad, la protección y el acceso a la cultura; así mismo, garantías en cuanto oportunidades, libertades, derechos y, finalmente, la eliminación de cualquier forma de discriminación o limitación. Aunque la política está integrada por un conjunto de componentes que procuran garantizar una vida digna (incluyendo todas sus dimensiones), el proceso de formulación e implementación ha sido protagonizado por el desconocimiento, la falta de interés política y la ausencia de veeduría ciudadana.
Frente al proceso de formulación, Luciana Avendaño, activista local por los derechos de la comunidad LGBTI, en entrevista para Desde La U, afirma:
“Son muy pocas las ciudades capitales en Colombia que tienen una política pública LGBT, y si la tienen, no la tienen bien implementada. Ese es el caso de Neiva. Aquí se tiene una política, el acuerdo 0013 de 2019; éste se da en medio de la administración de Rodrigo Lara y se logra gracias a la gestión de la Profe Leyla, hoy representante a la Cámara; pero, es una política pública que no tuvo voluntad política; incluso Leyla, que fue la concejala que lideró el proceso, no lo lideró bien, porque no tenía el acercamiento al sector para lograr al menos una caracterización que permitiera reflejar las realidades del mismo”.
Según lo sugiere Luciana Avendaño, entre otras activistas, construir con, y desde el sector, permite la identificación de problemáticas y su resolución a través de propuestas de intervención aterrizadas a las realidades de la comunidad. Dar pie a esta articulación es una obligación de la administración de turno; sin embargo, los gobiernos de Rodrigo Lara y Gorky Muñoz han sido precarios en cuanto a la generación de espacios de diálogo y escucha con la comunidad. En el debate de control político del 31 de julio del presente año, la concejala Lourdes Mateus deja en evidencia el desinterés de la administración actual por cumplir con lo establecido dentro de la política, dejando en austeridad sectores como el de la salud, educación, empleo y participación política y paz.
Gorky y Rodrigo Lara, austeridad y falta de compromiso
Según lo reglamentado para la implementación de la política pública en la ciudad, cada administración municipal debe adelantar un 33.3%. Idealmente se deben identificar puntos clave del documento, trabajar con un porcentaje de ellos, para poder finalmente entregar el avance a la siguiente administración; ésta a su vez, debe retomar el proceso e implementar nuevos elementos de la política, propiciando un progreso constante en cada administración. Esta ruta de acción es la más propicia ya que reconoce que en cuatro años de gobierno no podría implementarse el 100% de una política de este tipo. Sin embargo, el proceso en la ciudad durante las dos administraciones posteriores al fallo de la corte, ha sido austero, evidenciando la falta de voluntad política frente a las problemáticas LGBTI.
Durante la administración de Rodrigo Lara (2016 – 2019) el proceso de implementación fue precario, no se llega a trazar siquiera una ruta de acción para la ejecución de la misma, tampoco un cronograma de actividades o un plan de financiación que diera claridad sobre la asignación de recursos. Este panorama ocasionó que, en el inicio del periodo administrativo de Gorky Muñoz (2019 – 2023), se diera un atraso de casi un año en el inicio de la implementación.
En cuanto al gobierno de Gorky Muñoz, solo se alcanza una implementación del 15% dentro de lo propuesto, no se genera una inyección de recursos que permita un desarrollo ideal de las campañas y actividades establecidas para cada uno de los sectores. Esto se deja en evidencia a través de las rendiciones de cuentas organizadas por funcionarios de la misma administración a lo largo de los últimos años.
Son estas rendiciones las que permiten conocer que el componente de cultura es en el que, al parecer, más se ha trabajado; sin embargo, lo que realmente ocurre es que la Alcandía está presentando un proceso, el Reinado Nacional Trans del Bambuco, como si fuera suyo; pero en realidad éste tiene lugar gracias a la autogestión de los sectores trans y gay. Por esta razón, afirman algunos activistas de esta comunidad, la Alcaldía no debería asumir el avance de dichas iniciativas como propias.
Manuel Lozano, activista por los derechos LGBTI en el municipio, en entrevista para Desde la U, afirmó sobre la implementación en la administración Gorky: “El panorama es desolador, los avances fueron muy pequeños y con muchas falencias. Son cuatro años en los que no se hizo prácticamente nada”.
Componentes de la política
Como se menciona al inicio, la política está constituida por diferentes componentes, enfoques, ejes y artículos. Los componentes plantean acciones concretas dentro de una temática previamente problematizada. Por ejemplo, para el componente de salud, se propone la creación e implementación de rutas para el acceso a procesos de hormonización, también la creación de programas de atención en salud mental, capacitación permanente al personal de los centros de atención para disminuir la discriminación, campañas para prevenir la estigmatización a personas que viven con VIH, etc.
Así mismo se plantean actividades para cada sector propuesto en la política, que son educación, cultura y deporte, empleo y productividad, ciudadanía, participación política y paz y, finalmente, apropiación del territorio y garantías para espacios públicos libres de violencia.
La problematización de cada uno de ellos, en un escenario ideal, debe partir de una caracterización amplia que permita reconocer las necesidades de los diferentes sectores de la comunidad en el municipio, desde la lectura y escucha de las diversas realidades que estos afrontan. Sin embargo, para la formulación de esta política en la ciudad, no se llevó a cabo una articulación adecuada. Luciana afirma frente a esto que:
“Neiva tiene una caracterización que no sobrepasa ni a las 500 personas. De verdad es un panorama muy triste, y claro, una entiende que el sector tiene desconfianza con la institucionalidad porque constantemente les han violentado simbólicamente, físicamente, etc. Pero entonces, también es ver que no hubo ni siquiera una voluntad por desarrollar estrategias que permitieran ese alcance a la comunidad”.
Dentro del componente de salud los avances y la implementación fueron mínimos, siendo este uno de los más importantes y que requieren un mayor nivel de priorización: “El componente de salud es un componente urgente, por la desinformación en las EPS sobre las rutas de acceso para tratamientos de hormonización, hay barreras de acceso para tratamientos médicos y quirúrgicos, no hay reconocimiento de la identidad de personas trans y eso ha generado una problemática muy grave a nivel salud para las poblaciones sexualmente diversas; eso hace que no accedan a los servicios de salud y que en cambio busquen alternativas caseras o se automediquen”, afirmó Manuel.
Teniendo en cuenta el bajo porcentaje de implementación de la política pública para la comunidad LGBTI desde el 2019 al presente año, la baja inyección de presupuesto, la ausencia de voluntad política y continuidad en los procesos, durante las administraciones de Rodrigo Lara y Gorky Muñoz, es posible afirmar que no existió un compromiso real con dicha comunidad para apostarle a un cambio en torno a la problemática histórica de violencia y discriminación que vive. Manuel comenta que: “La administración que llegue tendrá el reto de volver a empezar, tendrá el reto de trabajar con organizaciones sociales, tendrá que volver a ganarse la confianza de la población y tendrá que priorizar la política pública”.
Luciana agrega, además, una preocupación final compartida con otros liderazgos: “es posible que llegue una administración como la de Casagua, que si te soy sincera no le he escuchado pronunciarse sobre estos temas en su campaña ni en su ejercicio político en general y eso es muy grave. Cuando hablé en el Concejo sobre esto, Casagua fue uno de los que menos me prestó atención”.
Lo anterior plantea un posible escenario en el que se perpetúe la vulneración a los derechos de las personas LGBTI en Neiva, por ende, es necesario fortalecer el ejercicio de veeduría ciudadana, procurar un mayor cumplimiento de lo establecido en la política pública, y lograr que no sea un documento muerto sino un garante de la vida digna y sin discriminación.
