La desfinanciación de las Instituciones de Educación Superior, que llega a los 15 billones de pesos, podría tener solución si se reforma la Ley 30 de 1992, dijo el presidente del Sistema Universitario Estatal -SUE- en encuentro virtual y de cara a la comunidad con la Rectora de la USCO.
En diálogo entre el Presidente del Sistema Universitario Estatal, Jairo Torres Oviedo, y la rectora de la Universidad Surcolombiana, Nidia Guzmán Durán, se llevó a cabo un análisis donde coinciden que los esfuerzos de los rectores de las 34 instituciones de educación superior -IES- públicas del país para sortear la crisis financiera que viven necesitan ser comprendidos por la comunidad universitaria.
Según señaló el presidente del SUE y Rector de la Universidad de Córdoba, ya existe una agenda con el presidente Gustavo Petro y con el Congreso de la República para reformar la Ley 30, de educación superior, especialmente en lo relacionado con la financiación de las Instituciones de Educación Superior.
“Para hablar del financiamiento de la universidad pública es necesario hacer una contextualización histórica. De dónde viene la desfinanciación. Sobre eso, el SUE, ha hecho un trabajo riguroso, juicioso y técnico, que le ha permitido dar a conocer al país cuál es la situación financiera de sus universidades, que se ha visibilizado ante el Ministerio de Educación Nacional y ante el Congreso de la República, planteando escenarios posibles para resolver esta problemática”, afirmó Torres Oviedo.
“En el año 1993, las 32 universidades públicas que existían para la época albergaban 159.218 estudiantes. Hoy tenemos 638.625 estudiantes, se incrementó la cobertura. Esto implicó vincular más profesores de planta, catedráticos, ocasionales, investigación, internacionalización, infraestructura física, infraestructura tecnológica, vinculación de trabajadores, y otras variables que exige el Decreto 1279, el cual, se expidió desfinanciado y que les tocó a las universidades públicas asumirlo con sus recursos propios de funcionamiento”, añadió.
Reforma a la Ley 30 y la deuda histórica de $15 billones
Según el Presidente del SUE, el problema estructural pasa por analizar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, donde se define el IPC como el mecanismo de indexación de la Nación a las universidades en materia financiera.
“Entonces desde 1993 a la fecha, las universidades han crecido 5 puntos por encima de lo que la Nación nos transfiere, y eso significa un faltante de 3.5 billones de pesos, que hemos dejado de recibir las universidades públicas de Colombia y es lo que nos corresponde generar con recursos propios”, expresa.
Hace énfasis en que es ineludible que se reformen los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de Educación Superior.
Para ello, desde el SUE, del que hace parte la Universidad Surcolombiana, se ha construido un modelo que cambia el IPC por el ICE, Índice de la Canasta Educativa. Este nuevo indicador incluye variables que el IPC no, como vinculación de profesores, ampliación de cobertura, vinculación de trabajadores administrativos, y los puntos del Decreto 1279. Cuatro variables que hoy desfinancian la universidad pública porque no los transfiere la Nación y les toca a las universidades generar ese recurso faltante”, manifiesta.
“Pero también hace falta modernizar la infraestructura física de nuestros campus universitarios, que cuesta alrededor de 11 billones de pesos. Recursos para bienestar universitario, para plataformas tecnológicas, para sistemas de información, etc. En conclusión, si el Estado quisiera ponerse al día con sus universidades públicas, tendría que invertirle cerca de 15 billones de pesos. Recursos que, en los últimos 20 años, hemos dejado de recibir”, afirma el también rector de la Universidad de Córdoba.
En el análisis, se estima que hoy la Nación concurre con el 50% de los recursos de funcionamiento a las universidades públicas. Un 45% les corresponde a las universidades y un 5% tiene que ver con estampillas e impuestos territoriales.
“Es decir, las 34 universidades públicas de Colombia hoy generamos el 45% de los recursos para funcionar, y éstos se generan con matrículas de pregrado, postgrado, diplomados, seminarios, cursos, interventorías, consultorías, proyectos de investigación, de extensión, lo que venden nuestros centros, institutos y laboratorios, es decir, toda la capacidad científica instalada; nos toca convertirla en dinero para recaudar recursos y poder funcionar. Y eso se desconoce y es lo que se está mostrando al país”, agregó.
Lo que logró el paro estudiantil universitario en 2018
En el segundo semestre de 2018 hubo un paro del estamento universitario debido al tema de la desfinanciación de la universidad pública. Según el presidente del SUE, se logró entonces un acuerdo con el entonces gobierno nacional, de 4.5 billones de pesos, reconociendo esos faltantes y esa problemática.
“De este modo, el Gobierno le dio en 2019 tres puntos adicionales al IPC, que es el indicador de transferencia para las universidades. En el 2020, 3.5, en el año 2021, fueron 4.5 y en el 2022, 4.65. Igualmente, nos dieron recursos para planes de fomento que son recursos para inversión en infraestructura física. Así mismo, para pago de pasivos pensionales, y recursos vía Sistema General de Regalías, para infraestructura física. También se consiguieron recursos para investigación, especialmente para formación en doctorados y que fueron las convocatorias del Bicentenario 1 y Bicentenario 2, que permitieron formar mil doctores en universidades públicas”, narra Torres
Pero afirmó que ese acuerdo finaliza en el presente año 2022, pues no se materializó en una política de Estado, no se hicieron las reformas que hoy exige el Sistema, como la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, para dar una verdadera sostenibilidad a la universidad pública.
Unir en una sola voz a la comunidad universitaria
A pesar del desfinanciamiento, la universidad le ha cumplido al país y a los territorios; es otra de las conclusiones que se hacen desde el SUE y de lo cual hablan las cifras: en 2004 las universidades tenían 2.400.000 metros cuadrados construidos en infraestructura. Hoy son 4.400.000. En investigación se cuenta con cerca de 2.800 grupos. También hay crecimiento de la planta docente.
La política de aseguramiento de la calidad, que exige acreditación de programas y acreditación institucional, implica tener condiciones de calidad, infraestructura, laboratorios, tecnología, docentes de planta, con doctorado, bilingüismo, investigación, internacionalización, a lo que universidades como la Surcolombiana han respondido a pesar de esa falta de correspondencia del Gobierno Nacional.
“Este contexto es necesario que la comunidad estamentaria de las universidades lo conozcan. Tenemos grandes expectativas con el nuevo gobierno para poder adelantar y tramitar una reforma a la Ley 30, que fortalezca a la universidad pública, y también a temas como cobertura universitaria. Hoy son cerca de 2 millones de jóvenes sin acceso a la educación superior. Sobre estos temas le hemos hablado al Ministro de Educación y al Presidente de la República”, asegura Torres.
“El origen del desfinanciamiento estructural de la universidad pública muchos lo desconocen. Hoy las universidades públicas hemos llegado a un techo, no podemos seguir creciendo al ritmo que veníamos creciendo porque no tenemos las condiciones” afirma.
Ante ello, hizo un llamado a que la comunidad estamentaria al interior de las universidades, se unan.
“De este contexto se generan muchas opiniones, la mayoría de las cuales son fruto del desconocimiento de estas complejidades. Por ejemplo, por qué la mayoría de las universidades públicas tienen mayor cantidad de profesores catedráticos que de planta. Porque vincularlos de planta cuesta y no se tienen los recursos. A los rectores les toca hacer frente a estas complejidades y asumir un liderazgo siempre propositivo. Todos los rectores y universidades públicas estamos padeciendo la misma enfermedad: falta de recursos suficientes, pero esta se manifiesta con sintomatologías distintas”, enfatizó.
“Es el llamado que yo hago a los estamentos universitarios, que haya una lectura objetiva argumentada de la realidad y que esto no se convierta en plataforma para reivindicación de otro tipo de intereses, se ideologice o se tome de pretexto para otros propósitos. Se trata de poder coincidir en una agenda que permita transformar lo que hay que transformar y fortalecer la universidad pública como un bien social de todos”, concluyó.
Falta recurso adeudado a la Usco para normalizar semestre académico
Ante este análisis, la rectora de la Universidad Surcolombiana, Nidia Guzmán Durán, manifestó que todas las universidades están realizando diversos esfuerzos para funcionar y desarrollar los semestres académicos en plena crisis financiera.
“Esta crisis es de tiempo atrás. Cuando llegué a la Rectoría empezamos a tomar acciones de austeridad en lo administrativo, como disminución en la contratación de personal, ahorro en el gasto de los servicios públicos o ajustar la contratación de catedráticos, que la universidad pueda pagar realmente”, afirmó la Rectora.
También destacó la gestión colectiva a la que se han sumado los demás rectores para exigir los recursos adeudados y presupuestos equitativos para la universidad.
“Hemos hecho solicitudes al presidente Gustavo Petro, y le hemos manifestado nuestra preocupación por los recursos insuficientes para terminar este año en la USCO, como es el caso de que no nos han girado a las universidades públicas todo lo concerniente a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley 30, que inicialmente el MEN precisó que se dejara en un 3% y realmente creció a un 5.62%, diferencia que nos ha significado un desfinanciamiento de $1.972 millones”, asegura.
“Igualmente con el Artículo 87 de la Ley 30. A partir del sexto año el gobierno iniciaba el giro del 30% y estos son recursos que la USCO no ha recibido desde hace años y que se cuantifican en cerca de 2.000 millones de pesos”, añade.
A pesar de ese faltante que le adeuda el Gobierno Nacional a la USCO, expresa que, gracias a las medidas tomadas, se ha logrado salvar el primer semestre y ahora el segundo del año 2022.
“Hemos propuesto que vamos a trabajar 12 semanas y las tres semanas restantes, en el mes de enero del año entrante. Pero si el Gobierno Nacional nos envía estos recursos pendientes, fácilmente podemos hacer una modificación de este calendario académico y dar por terminado este semestre en el mes de diciembre del presente año”, aseguró la Rectora.
