El 20 de julio fue presentado el borrador del proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la educación y, por otro lado, el proyecto de ley ordinaria por el cual se reformará de manera integral la Ley 30 de 1992. ¿Cuáles han sido los aspectos neurálgicos en el marco de la crisis de la educación superior? ¿cuáles han sido las luchas que ha librado el movimiento estudiantil, en las últimas dos décadas, de cara a la solución de dicha crisis?
Por: Redacción Desde La U
El Ministerio de Educación Nacional le presentó al pueblo colombiano, el pasado 20 de Julio, el borrador de dos proyectos de ley: por un lado, el proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la educación y, por otro lado, el proyecto de ley ordinaria por el cual se reformará de manera integral la Ley 30 de 1992. Se pensó que dichos proyectos iniciarían su inmediato trámite en el Congreso; sin embargo, la ministra de educación Aurora Vergara Figueroa, por petición de los rectores de las universidades públicas del país y de la comunidad estudiantil, afirmó que estos proyectos aún no llegarán al Congreso hasta que no tengan la discusión pertinente por parte de todos los actores involucrados en el sector educativo del país.
En ese sentido, dichos actores: estudiantes, sindicatos, dirigentes gubernamentales y empresariales, y profesores de todo el país han estado debatiendo la propuesta del Gobierno y construyendo la propia. El borrador de la reforma plantea una salida al tema de la financiación de la educación pública: Instituciones de Educación Superior Técnicas, Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas (Ittu). Estos son algunos de sus aspectos centrales:
- Se busca que la educación pase de ser un servicio público a ser un derecho fundamental (como se trataría de una ley estatutaria, esta requeriría de mayoría absoluta tanto en Senado como en Cámara).
- Aumentar el aporte económico del gobierno a las instituciones públicas. Para ellos, se buscaría modificar dos artículos: el 86 y 87 de la ley 30. El gobierno pasaría de aportar el 30% al 50% del incremento real anual del Producto Interno Bruto, PIB, a las universidades. Estas pasarían a financiarse, ya no usando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES)
- Reconocimiento y formalización de los saberes ancestrales en la educación.
- Reconocimiento de la identidad de género en los títulos de educación superior.
- Que la educación sea un agente de innovación, protección del ambiente, desarrollo científico, tecnológico, social, cultural, económico, político y ético a nivel territorial, nacional y en articulación con los contextos internacionales.
Entre otros cambios.
Según el Ministerio de Educación, el cambio en las transferencias a las Instituciones de Educación Superior, IES, costaría $6.8 billones entre 2014 y 2016, recursos que estarían apalancados por cuenta de la reforma tributaria.
El borrador de la reforma a la educación, el cual contiene nuevos artículos y adecuaciones a los que regían la educación superior, se compone de siete títulos: 1. Fundamentos de la educación superior. 2. Del consejo nacional de educación superior (cesu) y del instituto colombiano para el fomento de la educación superior (icfes). 3. Del régimen especial de las universidades del estado y de otras instituciones de educación superior estatales u oficiales. 4. De las instituciones de educación superior de carácter privado y de economía solidaria. 5. Del régimen estudiantil. 6. Disposiciones generales, especiales y transitorias.
Algunos de estos cambios propuestos se vienen debatiendo desde hace más de tres décadas en las universidades públicas del país. ¿Cuáles han sido los aspectos neurálgicos en el marco de la crisis de la educación superior? ¿cuáles han sido las luchas que ha librado el movimiento estudiantil, en las últimas dos décadas, de cara a la solución de dicha crisis?
En las últimas décadas…
La crisis financiera de la educación superior pública está relacionada, en primera medida, con los retos que ha tenido que enfrentar desde hace un poco más de dos décadas. Algunos de estos han sido la ampliación de cobertura, disminución de la desigualdad en el acceso a la educación por parte de grupos sociales de diferentes ingresos, elevación de la calidad académica, reducción de la deserción, mejoramiento del cuerpo profesoral e incremento de las actividades de investigación, inversiones en infraestructura, pensiones de los profesores, internacionalización, entre otros. Los gastos que demandan las anteriores acciones no quedaron previstos ni cubiertos por la normatividad de la Ley 30 de 1992, pues en esta no se habría proyectado el crecimiento del sistema público de educación superior.
En esta medida, entre 1993 y 2011, el número de alumnos matriculados de todas las universidades estatales creció 232 por ciento, pero los recursos presupuestales solo aumentaron 80 por ciento. En este contexto, según el Sistema Universitario Estatal, SUE, hasta hace dos años el déficit acumulado de las universidades públicas en el país era de por lo menos 16 billones de pesos.
Según Adolfo Atehortúa, ex rector de la Universidad Pedagógica, la crisis se agudizó cuando en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez las universidades estatales triplicaron la cobertura. En los años 2002 – 2004 había un poco más de 200.000 estudiantes en todas las universidades. De acuerdo con el último censo de estudiantes universitarios del Ministerio de Educación Nacional, las universidades públicas de Colombia, para el 2017, ya contaban con un total de 1.721.084 estudiantes matriculados.
Luchas del movimiento estudiantil
A propósito de la reciente reforma, cabe recordar que en los últimos años han sido varias las reformas propuestas por el Gobierno Nacional en materia de educación. Por ejemplo, en el año 2011 el gobierno de Juan Manuel Santos presentó una. Respecto a los temas de cobertura y financiación, para incluir a los 3.200.000 bachilleres que quedaban por fuera del sistema educativo, la reforma promovía la consolidación de alianzas público-privadas para la creación de Instituciones de Educación Superior (IES) con ánimo de lucro que permitieran ampliar la cobertura y, de esta forma, el acceso de estos bachilleres. De igual forma una mayor inversión de créditos para la educación superior por medio del ICETEX, entre otros aspectos.
El papel organizativo del movimiento estudiantil representado en la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE), en compañía de diversos sectores de la sociedad en el 2011, lograron derrumbar dicha reforma.
También cabe mencionar el Acuerdo por lo Superior 2034, del año 2014; la política de Ser Pilo Paga (SPP); la ley 1740 del 23 de diciembre de 2014, la cual regula la Inspección y Vigilancia de la educación superior; el decreto 2450, del 17 de diciembre de 2015, que establece los criterios de alta calidad con los que debían cumplir los programas de licenciaturas, y la resolución 02041, del 3 de febrero de 2016, que profundizaba en las características específicas de dichos criterios.
El acuerdo por lo superior 2034, en esencia era lo mismo que la reforma a la ley 30 presentada en el 2011: subsidio a la demanda a través del crédito educativo; sistema diferenciado con dos rutas de formación: “educación para el trabajo, técnica y tecnológica, y universitaria”; creación de la “Superintendencia de Inspección y vigilancia de la educación”, entre otras.
Respecto al Programa Ser Pilo Paga, consistía en beneficiar con becas a jóvenes de escasos recursos que habían tenido buen rendimiento en sus colegios. El problema es que esto se financiaba con recursos de la educación superior; entonces, recursos que antes se les destinaba, luego pasaron a dirigirse, en gran porcentaje, a dicho programa. “40 mil estudiantes de “Ser Pilo Paga” le cuestan al Estado, al año, lo que cuestan 600 mil estudiantes de las universidades públicas. El 83% de estudiantes de este Programa no va para las universidades públicas”, señaló en su momento Adolfo Atehortúa.
Colciencias, la entidad pública que coordinaba la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sus condiciones y su modelo de medición de grupos e investigadores, también movilizó el debate en la comunidad universitaria. Según una carta abierta dirigida a esta institución en el año 2016, por parte de la Universidad de Antioquia, Colciencias “privilegia un tipo de mirada altamente cuestionable sobre la producción científica, el patrón de valoración, los esquemas de reconocimiento y las estrategias de visibilidad de la producción de áreas como las ciencias sociales, humanidades y artes”.
Pero además de la resistencia y la masiva movilización que ha ejercido el movimiento estudiantil, en las últimas décadas, frente a todas estas reformas, también hay que destacar otros logros, como la matrícula cero. En la Universidad Surcolombiana, en julio de 2020, luego de una huelga de hambre liderada por nueve estudiantes de esta Institución, una “encadenatón”, y presión estudiantil y profesoral ante medios e instituciones gubernamentales, la Usco logró la gratuidad en la matrícula para el periodo 2020-2 y un avance significativo en materia de recursos para los semestres venideros. Otras universidades del país avanzaron en la misma dirección.
La actual reforma a la educación superior es ante todo un llamado para que la comunidad universitaria, de todo el país, debata, piense y proponga la reforma que realmente necesita. El borrador que hizo el gobierno se puede encontrar en internet. En el caso de la USCO, la administración y algunos grupos estudiantiles han citado a la comunidad universitaria para que discuta la reforma. Sin embargo, la asistencia a estos encuentros ha sido alarmantemente escasa.
A propósito de la lucha estudiantil por una educación gratuita, el filósofo colombiano Sergio de Zubiría Samper, resaltó en una entrevista: “si a uno le dan educación gratuita, un privilegio abominable en cuanto a que solo lo tiene el 10% de la población, uno debe, desde que cogió el título hasta que se muere, considerar que ese privilegio tiene una responsabilidad para con quienes le pagaron a uno la universidad, que es su región, en primera medida; en segunda medida, para no olvidar: los impuestos que la financiaron, las luchas estudiantiles que la impulsaron, los millones de personas que nunca pisarán un aula de una universidad pública… Eso le debe acompañar a uno toda la vida. Ese privilegio que uno tuvo debe ser compensado responsablemente con la región, la sociedad”, sentencia el filósofo.
