Como lo establece la UNESCO, la educación superior es la responsable de materializar el último peldaño del Derecho Fundamental a la Formación, reforzando el vínculo entre los aprendizajes básicos y medios de calidad al servicio de las ciudadanías y como responsabilidad inalienable del Estado, precisamente para democratizar el patrimonio cultural de la humanidad, la igualdad en el desarrollo de todas las culturas y la fraternidad entre los pueblos.
Por: Alfonso Morelo De La Ossa
Asociación Sindical de Profesores Universitarios – ASPU
Para lograr este elevado propósito humanitario, la Educación Superior requiere de la autonomía financiera, académica e independencia de los poderes políticos, elementos fundamentales para cumplir el cometido de la materialización del conjunto de derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Ambientales, el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, sin los cuales es imposible la consolidación de una auténtica democracia.
En ese sentido, en el caso colombiano sería necesario liberar a la universidad, especialmente a la pública, de las prácticas que a raíz de la Ley 30 de 1992 la sujetaron al arbitrio de los gobernantes de turno, limitando sus recursos financieros y facilitando la intromisión de sectores de poder político y económico en sus estatutos y funcionamiento cotidiano.
La Ley 30 ya citada y decretos presidenciales subsiguientes amordazaron la universidad pública hasta convertirla en botín burocrático de los partidos políticos tradicionales que han monopolizado el poder en el país. Con el control político de esos partidos y con la anuencia de buena parte de su profesorado, se generó el terreno propicio para la corrupción en sus organismos de dirección, lo que condujo a desvirtuar el papel del docente universitario como agente generador de las grandes transformaciones sociales que requiere el país. Así, de manera casi imperceptible, los docentes abandonaron su rol de ser agentes de transformación social para convertirse en simples reproductores del modelo de desarrollo Neoliberal.
Para cumplir a cabalidad su misión como impulsora de una auténtica democracia, es evidente que ésta, es decir la universidad, debería caracterizarse por ser una institución académica, plural, autónoma, deliberante, incluyente, crítica, dialógica, prospectiva y comprometida con la generación de nuevos saberes, no solo al servicio del mercado, asumiendo el deber ético que le exige la responsabilidad de contribuir a trans-formar a los seres humanos como individuos, como colectivos, como sociedad y como parte de la humanidad, en armonía con los demás organismos vivientes, con el ambiente y con la Madre tierra.
En el caso colombiano, el artículo 69 de la Constitución Política establece la Autonomía de las instituciones de Educación Superior. Autonomía que debería garantizar la libertad de las actividades académicas, atendiendo en principio sólo al interés de obtener, adecuar y difundir los conocimientos, las ciencias y las artes, para incrementar el acervo cultural de la humanidad, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la nación, promover los Derechos Humanos, la auténtica democracia y la justicia social.
Sin embargo, lejos de asumir su compromiso histórico con la dignificación, la solidaridad y el acompañamiento a los sectores sociales históricamente vulnerados y en resistencia, un porcentaje significativo de los miembros de la comunidad de la universidad pública colombiana y de manera particular, de nuestra Alma Mater, se ha visto involucrado en frecuentes y cada vez más vergonzosos hechos de corrupción académica y politiquería rampante, características del modelo mafioso que impera en las altas esferas del poder económico-político-militar nacional.
En el caso de la Universidad Surcolombiana, sus máximas autoridades, la organización sindical de profesores ASPU Huila, los sindicatos de trabajadores y las organizaciones estudiantiles han dirigido sus esfuerzos, sus luchas, sus protestas, su atención, a reclamar a los gobiernos nacional y departamental recursos que garanticen su Autonomía financiera, dejando de lado el sentido profundo de las letras del Himno de nuestra casa de estudios: “Encender la llama de la Revolución”, que como muy bien lo señalara recientemente su creador el emérito profesor Jesús María “Chucho Vidal, no es otra que la Revolución de los saberes, las artes y las ciencias al servicio de los sectores históricamente vulnerados.
El camino de la emancipación, la libertad, la dignidad, para alcanzar el buen vivir para nuestros congéneres se ha manifestado de menara reiterada en las justas luchas campesinas, indígenas, estudiantiles y más recientemente en las luchas feministas y LGBTIQ+. Esos sectores, con sus luchas y movilización, tejen su propio destino y tienen mucho para enseñarnos a los universitarios sobre la necesidad de deconstruir el entramado del neo esclavismo, sexismo, racismo, patriarcado y colonialismo empotrado en las mentes de quienes conforman la comunidad académica universitaria. Es por esas razones que “Estamos en mora de encender la llama de la Revolución” que contribuya a quemar la democracia de papel que nos asfixia, enceguece y oprime.
